LA SITUACIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN CÓRDOBA

En la provincia es un tema de crucial importancia porque atraviesa a un porcentaje aproximado del 20 % de las familias cordobesas. De todos modos, el principal punto de dolor que merece atención es, precisamente, la falta de estadísticas y datos precisos sobre la cantidad de personas con alguna discapacidad. Córdoba no cuenta con un Registro de Personas con Discapacidad que viven y se desarrollan en su territorio, falencia que reveló la Pandemia. Aun así, existen numerosas acciones que el próximo Gobierno de Córdoba deberá realizar para dar respuesta al estado deplorable en que se encuentra la Discapacidad en todas sus áreas.

Un dato de vital importancia es que, aun cuando existen normas que buscan dar atención a la situación de las personas con discapacidad y sus familias, no existe una instancia de “Contralor” efectivo sobre el cumplimiento de ellas, por lo que, en gran medida, los derechos que la legislación consagra y garantiza, no pasan de ser meras declamaciones, como es el caso del cupo laboral obligatorio del 4% que ni la provincia ni los municipios obedecen. Se necesita con urgencia un control del cumplimiento efectivo de leyes y ordenanzas ya dictadas como así también una revisión de todas aquellas que lo requieran.

Si bien, a través del decreto 1208, la provincia reglamentó la ley 10.728 “Córdoba inclusiva” que garantiza el acceso a la formación sobre trato adecuado hacia las personas con discapacidad para todos los agentes de la administración pública, Córdoba necesita una política de gobierno inclusiva integral que también ordene y promocione la capacitación de fuerzas policiales, personal de salud, transporte y educación, como a toda la sociedad a través de campañas de concientización. Se trata de pensar en un sistema que acompañe al individuo en su entorno.

Sin un abordaje comunitario, Córdoba plantea una deficiencia generalizada y profunda en la información que deben recibir sobre sus derechos y políticas públicas vigentes las personas con discapacidad y sus familias que repercute directamente en el modo en que se puede dar respuesta a los diagnósticos que se reciben, sobre todo esto ocurre en el interior de la provincia y en los que residen en contextos de pobreza.

Las escasas juntas de certificación existentes en Córdoba, provocan la demora en el trámite de obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD) tan necesario para poder acceder a una cobertura integral (Ley 22.431). El problema continúa a pesar que ahora no se deben renovar todos los certificados y es parte de la enorme e ineficaz burocracia que cargan las personas con discapacidad y sus familias.

La obra social perteneciente al Gobierno Provincial (APROSS) no garantiza, el normal funcionamiento de los tratamientos de rehabilitación, la adquisición de equipamientos y elementos ortopédicos que se requieren. Esta organización, en referencia a la cobertura de las personas con discapacidad, hoy tiene su propio nomenclador que no se rige por los valores arancelarios del Sistema Único de Reintegro (SUR) como lo hacen otras Obras Sociales con el perjuicio además de demoras permanentes en sus pagos. Cautivos de su obra social, Apross pone a las personas con discapacidad, en una situación precaria y sin respuesta eficiente ni efectiva.

El trasporte público de pasajeros se encuentra con muchos desfasajes en general y desde hace muchos años. Nunca hubo un proyecto y por consiguiente una mejora integral que contemple colectivos urbanos (UTA), interurbanos (AOITA) como así también taxis y remises que den respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad. Hay pocos momentos oportunos para realizar acciones profundas que apunten a mejorar algo tan sensible como la movilidad, éste es uno de ellos, porque estamos transitando el último año de concesión del sistema de transporte urbano de la ciudad de Córdoba y en 2024 vencen concesiones en el transporte interurbano, oportunidad para que se articulen las acciones del gobierno provincial con el municipal para intentar construir una alternativa segura, confiable, moderna, sustentable y que de verdad tenga en cuenta a las personas con discapacidad.

Por su parte, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba quita el título secundario de validez nacional a las escuelas de modalidad especial (Resolución 712/2015 y 1825/2019) mientras que al joven con discapacidad que está incluido en la escuela común le exige, para obtenerlo, cumplir y aprobar con todos los espacios curriculares del plan de estudio vigente, con el mínimo de ajustes (Resolución 311/2016), generando procesos de discriminación en razón de la discapacidad, proponiendo una trayectoria educativa discriminatoria, más aún en estudiantes con discapacidad intelectual. Tratándose de un nivel educativo obligatorio, pretende otorgar un título de alcance provincial que dificulta el desarrollo académico y social privando al joven con discapacidad de la libertad para vivir y trascender dondequiera, pues un título provincial no habilita a realizar estudios superiores en cualquier lugar del territorio argentino ni tampoco a pleno empleo. Esta situación lleva ocho años sin resolverse y año tras año se prorroga poniendo en vilo a padres y jóvenes con discapacidad.

Estos puntos de dolor nos llevan a plantearnos objetivos básicos que sirven de sustento a las medidas y propuestas concretas que se llevarán adelante desde el gobierno provincial:

§  Visibilizar positivamente la situación de las personas con discapacidad, que se vincula a la necesidad de abordar estas situaciones no desde una perspectiva de la caridad o desde una mirada meramente empática, sino desde el descubrimiento de las potencialidades personales y riquezas que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad. Un programa de acción idóneo, se enfocaría además en proveer una mirada interactiva de la discapacidad, dónde los integrantes de la familia pasan a ser actores principales y no tan sólo receptores de recursos.

 

§  Trabajar en pos de relevar y, posteriormente, derribar las distintas barreras que existen en la sociedad y en la infraestructura de las ciudades para el desarrollo pleno de la vida de las personas con discapacidad, tanto en el plano social, sanitario, educativo, laboral, etc.

§  Actualizar las políticas públicas y que vayan mancomunadamente con la Convención, esto es que, desde las distintas instituciones gubernamentales los temas que atañen a este sector se realicen mediante un trabajo en red, coordinando los diferentes ministerios e incorporando a los verdaderos protagonistas, creando canales de diálogo con este grupo social en el cual podemos encontrar a personas con mucha capacidad en la temática, cumpliendo con el lema de la Convención "nada de nosotros sin nosotros" para una verdadera inclusión que busque garantizar, fortalecer y articular el gran espectro de necesidades existentes, y por supuesto, articular e integrar con eficacia la labor que realizan desde distintas miradas y perspectivas las diferentes asociaciones, centros educativos, clubes, sector público y privado en temas vinculados a la discapacidad.

  Arq. Daniela A. Noguera - Especialista en Accesibilidad