DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN

NO HAY IGUALDAD ENTRE IGUALES  

Obtener el Título Nacional Secundario en papel moneda que acredite la finalización del ciclo, tiene su importancia. El mismo no solo habilita al joven a realizar estudios superiores en cualquier lugar del territorio argentino, dando así libertad para vivir y trascender dondequiera, sino también a pleno empleo en el sentido al acceso de un trabajo en relación de dependencia que muchas empresas lo exigen a la hora de contratar. Por estas precisas razones las Escuelas Especiales y los Jóvenes con Discapacidad a lo largo de los años, tuvieron que adaptarse a distintas normativas y requerimientos para poder alcanzarlo.

A saber, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, tanto en la Resolución 712/2015 como en la 1825/2019 quita el Título Secundario de Validez Nacional para las escuelas de modalidad Especial. Y en ésta última a su vez, establece que las Escuelas Especiales aumenten su carga horaria significativamente para tener similitud con la Escuela Común y se incorpore el idioma extranjero (Inglés) en su plan de estudio por igual razón. Mientras que en los jóvenes con discapacidad que están incluidos en la Escuela Común, el Consejo Federal y Ministerio de Córdoba, a través de la Resolución 311/2016 les estipula cumplir y aprobar con todos los espacios curriculares del plan de estudio vigente, con el mínimo de ajustes, para lograr obtener el tan deseado “Título Nacional” agregando en la resolución 1825/2019 la incorporación del PPI (Proyecto pedagógico para la Inclusión) que permite ajustes razonables y acta de acuerdo para el acompañamiento de la trayectoria del joven.

Estableciendo así que, en incumplimiento de estos requerimientos, se deberá otorgar “Título Provincial de Bachiller” adjuntando al mismo una constancia de capacidades adquiridas.

Si todas estas exigencias fueran para todos los estudiantes que cursan el nivel secundario, el sistema sería inclusivo, pero si sólo está destinado para que los estudiantes con discapacidad sean los únicos que deban certificar sus capacidades para recibir su título y si este además no tiene el mismo alcance, claramente se está proponiendo una trayectoria educativa discriminatoria más aún en estudiantes con discapacidad intelectual y especialmente tratándose de un nivel educativo que es obligatorio.

Por tanto, nuestro Sistema Educativo continúa generando procesos de discriminación en razón de la discapacidad, impidiendo el ejercicio de los estudiantes a una educación inclusiva junto a personas sin discapacidad, en igualdad de condiciones.

Hoy los jóvenes con discapacidad y sus familias, a siete años de aquella resolución 712/2015, volvieron a la lucha para que no se violen sus derechos, bajo el lema “Mi título/Mi Derecho” que les asegure la titulación con validez nacional entendiendo que no puede ser de excepcionalidad.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) aprobada en 2006, la cual Argentina ratifica en su totalidad en el año 2008 (Ley 26.378) y le otorga rango constitucional en 2014 (Ley 27.044), establece en el Art. 24 punto 5:

“Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la Educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con los demás. A tal fin los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad”

Por tanto, es la educación secundaria la que debe asegurar no solo la accesibilidad, sino el progreso, egreso y titulación por igual.

Dado que la CDPD tiene status constitucional, de carácter supra legal, las nombradas resoluciones además de discriminatorias son anticonstitucionales.

Resulta preocupante que mientras a jóvenes se les facilita su titulación y estudio con programas como el PIT, etc. a otros se les presenten barreras que los desalienta a continuar con sus estudios superiores, desconociendo sus saberes y esfuerzos, otorgándoles un título de alcance Provincial que no les permite alcanzar su máximo desarrollo académico ni social, en igualdad de oportunidades que los demás.

 

 Arq. Daniela Noguera - Especialista en Accesibilidad 

               https://www.lavoz.com.ar/opinion/discapacidad-y-educacion-no-hay-igualdad-entre-iguales/