JUSTICIA SOCIAL EN DESCENSO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Según un informe elaborado por la CGT, las Obras Sociales acusan crisis financiera debido principalmente a una fuerte incidencia de las prestaciones (rehabilitación, tratamientos, educación y transporte) de las personas con discapacidad. El Estado a través de ellas que son meramente intermediarias, es quien paga las prestaciones, pero les adeuda el 50% de los gastos de transporte y educación en el rubro discapacidad. Por ello plantean como solución para revertir el déficit y como salida a las cuentas en rojo, que esas prestaciones sean financiadas con recursos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Cabe señalar, por un lado, que los fondos de la ANDIS ya están destinados al financiamiento de programas y proyectos a favor de las personas con discapacidad, FONADIS (Decreto 187/2022), y que además provienen de la aplicación de la ley de cheque 25.730, de donaciones de personas o instituciones y de leyes especiales que puedan surgir; es decir que los mismos “No forman parte del Presupuesto” y son versátiles.  Por otro lado, la ANDIS es un organismo autónomo con un Director con amplio poder general para definir en qué se gasta. La duda entonces se plantearía con la discrecionalidad con la que se manejarían esos fondos, al ser un organismo autárquico. Es fácil imaginar que, no habiendo un ente regulador que controle los fondos, ellos irían según el color político del Gobierno Nacional de turno y a las provincias afines al mismo. Por lo tanto, sería preocupante para las personas con discapacidad y sus familias si se hiciera efectiva esta sugerencia en la nueva ley de discapacidad que se quiere implementar.

Hoy las familias y las personas con discapacidad tienen que lidiar con planillas y trámites abrumadores para solicitar las prestaciones. En la provincia de Córdoba, quienes son beneficiarios del Apross se encuentran de alguna manera cautivos de las decisiones llevadas adelante por el seguro provincial que, al no encontrarse regulado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), los reclamos administrativos no prosperan. El sistemático incumplimiento de las obras sociales que carecen de unicidad de criterios para aprobar las terapias, los tratamientos y los apoyos pese a que están muy bien detallados (Ley 24.901), y un Estado ausente con poco control y supervisión sobre ellas, llevan a que la única posibilidad de reclamo termine siendo un recurso de amparo, con el gasto que dicha herramienta implica y que muchas familias no pueden afrontar.

Si tenemos en cuenta que algunas mutuales todavía no han autorizado prestaciones presentadas en diciembre pasado y que además para que se hagan efectivas pasan 60,90 y hasta 120 días desde su aprobación, se comprende mejor su situación al borde del colapso. 

La ANDIS debe asumir y cumplir con su rol como ente articulador interministerial; esto es clave para que el Estado desarrolle una política pública seria en materia sanitaria y en pos de una adecuada atención.

La situación es compleja también con los prestadores que llevan tiempo reclamando por las adecuaciones de los valores que Nación abona a las prestaciones a personas con discapacidad porque se encuentran muy por debajo del porcentaje de inflación anual. Si bien esto perjudica a todos los profesionales que asisten a personas con discapacidad quienes más afectados se encuentran son los Centros Categorizados y las Escuelas Especiales, quienes deben cumplimentar una serie de exigencias de mantención de edificio, de recursos humanos básicos, etc. que con ajustes tan inferiores a la inflación se les torna muy difícil de sostener.

Esperemos que la nueva ley de discapacidad corrija los errores que se vienen sucediendo y no los agudice más, porque los diferentes actores ya no pueden esperar.

Arq. Daniela Noguera - Especialista en Accesibilidad

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