EL AJUSTE SE APLICA A LA DISCAPACIDAD
Las distintas crisis económicas por las que ha pasado nuestro país siempre han generado inconvenientes en el mantenimiento de programas, asistencia social, medicamentos e insumos en el ámbito de la salud. Hoy no es la excepción, la importación de aparatos ortopédicos como sillas de ruedas, sillas de baño, prótesis y férulas, que son indispensables para la vida diaria y el desenvolvimiento de personas con discapacidad, presentan irregularidades por parte del Estado y las Obras Sociales que anulan o demoran las entregas.
En este clima difícil el Gobierno profundiza la angustia preparando un DNU para estatizar las prestaciones actuales en educación y transporte que se brindan a las personas con discapacidad, con el único objetivo de aliviar las finanzas de las obras sociales sindicales, generando lo que siempre se produce cuando una prestación la realiza el Estado que paga tarde o se hace con un exceso de burocracia que ralentiza los procesos que deberían ser ágiles.
gor otro lado, la pandemia obligó a las instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad a múltiples desafíos que fueron desde la necesidad de capacitar a los equipos interdisciplinarios como así también dotarse de herramientas informáticas necesarias para llevar a cabo acciones asistenciales de manera remota, costos que han sido asumidos por las instituciones en aras de dar respuesta a las necesidades. Sostener los procesos de rehabilitación, educación e integración resultó una proeza costosa que fue afrontada por las autoridades de las instituciones, solicitando ayudas económicas y, en muchos casos, empréstitos que ponen en peligro su sustentabilidad futura. De este modo se requirió por parte de ellas, un esfuerzo con un gran impacto financiero negativo en tiempos donde solo la vocación y los principios que las guiaron fueron el estímulo. Muchas también, tienen grandes deudas con Afip a raíz que optaron por pagar sueldos y no pagar impuestos, lo que termina siendo absolutamente incoherente si pensamos que una institución que presta los servicios que debiera brindar el estado (sin que este ponga un centavo para que ello ocurra) sean hoy deudoras de impuestos y se encuentren al borde del cierre.
Más enloquecedor resulta cuando los ingresos esperados que deberían haber acompañado mínimamente el aumento de salarios de los equipos terapéuticos, no se dieron porque las actualizaciones que se realizaron desde la Agencia Nacional de Discapacidad de ninguna manera equipararon los aumentos que la situación venía exigiendo con respecto a honorarios y sueldos. A cuenta gotas la Andis fue anunciando aumentos en las prestaciones básicas para las personas con discapacidad… 25% en Mayo, 10% en Junio (que aún muchos prestadores no han cobrado) 10% en Julio, 10% en Agosto y 5% en Septiembre (que llegaran al bolsillo del profesional seguramente para el 2023) en un contexto de inflación galopante. Como consecuencia se vienen denunciando recortes en las prestaciones que se dan por medio de las obras sociales sindicales en todo el país, situación que se agrava en el interior.
Resulta fácil recortar en el área de discapacidad porque las familias muchas veces se ven superadas y no tienen tiempo ni energía para realizar manifestaciones públicas ni reclamos ya que prefieren utilizarlos en atender a las personas con discapacidad que tienen a su cargo. No obstante, impulsados por una gran incertidumbre, la red de padres con hijos con discapacidad “Vacuname” que durante la pandemia luchó por la obtención de las vacunas para sus hijos en riesgo, hoy de nuevo enfrenta una nueva campaña bajo el lema #AJUSTENLAPOLÍTICA, NO LA DISCAPACIDAD, entendiendo que la situación del sector de atención a las personas con discapacidad hoy en Argentina se encuentra en estado crítico.
En síntesis y con una gran preocupación se preguntan: ¿Serán las autoridades capaces de hacerle pagar la crisis a las personas con discapacidad?
Arq. Daniela Noguera - Especialista en Accesibilidad
https://www.lavoz.com.ar/opinion/el-ajuste-se-aplica-a-la-discapacidad/

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