UN COLAPSO ANUNCIADO

Muchas instituciones que a lo largo del tiempo se ganaron el respeto de toda una comunidad por la atención y contención que brindan a niños y jóvenes con discapacidad, hoy atraviesan una delicada situación a raíz del reciente cese de pago por parte de las Obras Sociales Nacionales que a su vez reciben los fondos del sistema de integración de la Súper Intendencia de Servicios de Salud (SSS).

Esto afecta a todas las instituciones del país, donde la mayoría tiene un plantel de personas que cubren los diferentes rubros prestacionales debido a que su atención es interdisciplinaria, ocupándose de la rehabilitación, educación e integración de personas con discapacidad que sufren múltiples y variadas limitaciones en los planos motriz, sensorial, intelectual, etc. Ellas, a pesar de su indignación, nunca dejaron de cumplir con su misión fundacional, aunque se les haya complicado enormemente su sustentabilidad durante estos últimos años. Igual han salido adelante a pesar de los atrasos (90 días mínimo de demora en el mejor de los casos) en percibir su principal modo de ingreso que es a través de las Obras Sociales. Así a lo largo del tiempo, han perdido toda capacidad de reserva de fondos que en extrema fragilidad les impide cumplir a veces hasta con sus obligaciones mensuales, porque son instituciones sin fines de lucro que atienden a una población, en general, de escasos recursos. El cese de pago, representa una acción de una clara insensibilidad e irresponsabilidad social por parte de los organismos responsables, que empeoran y condenan a las ONG como así también a los prestadores, agudizando y poniendo en riesgo la continuidad en la atención de sus beneficiarios, generando tal impotencia que a un paso de la extinción se ven obligadas a suspender las prestaciones para hacer visible su posición.

Cabe señalar que las Obras Sociales Nacionales, cualquiera sea su naturaleza o denominación, son agentes del sistema nacional del seguro de salud, creado como un sistema solidario de seguridad social cuyo objetivo fundamental es proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción , protección , recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones, eliminando toda forma de discriminación sobre la base de un  criterio de justicia distributiva (Ley 23.661).

En el medio, rehenes de la coyuntura socio-económica en un contexto de restricciones presupuestarias auto impuestas por el gobierno y del negocio que tienen los gremios y las obras sociales, de sus pretensiones y aprietes, se encuentran las personas con discapacidad y sus familias, que ya saben que, de mantenerse esta situación, solo hará que se fragmente y sea asimétrico el sistema de seguridad social de las personas con discapacidad en Argentina. No es difícil imaginar que, ante la falta de pago, tarde o temprano, los profesionales terminarán decidiendo que las familias abonen los tratamientos en vez de que sea por medio de un sistema total y absolutamente colapsado, accediendo a los tratamientos quienes tengan los recursos económicos, resultando esto totalmente injusto y desigual.

Si “La calidad de una civilización se mide por el respeto que le profesa al más débil de sus miembros”, resulta muy difícil comprender la toma de medidas que vulneran los derechos de las personas más frágiles del sistema.

 Arq. Daniela A. Noguera - Especialista en Accesibilidad

          https://www.lavoz.com.ar/opinion/servicios-a-personas-con-discapacidad-un-colapso-anunciado/