LOS OLVIDADOS DEL SISTEMA

En mayo se realizó el último censo bajo la consigna “Muy pronto vamos a reconocernos” y como es de público conocimiento, las personas con discapacidad quedaron fuera de la lista de reconocimiento. Para subsanar tamaño olvido, INDEC aseguró realizar “La Encuesta Nacional de Discapacidad” que todavía brilla por su ausencia aún a pesar de las distintas voces que se alzaron en protesta.

En diferentes órdenes, los olvidados a nivel nacional también son los olvidados a nivel provincial.

En el mes de octubre el Ministerio de Educación de Córdoba dio comienzo a las pre-inscripciones para el ciclo lectivo 2023 en el sector estatal, destinadas a nivel inicial, 1er grado de primaria y 1er año de secundaria. Las mismas se realizaban a través del sitio provincial de ciudadano digital (CiDi) mediante un formulario de postulantes (FUP), pero este no contempló la carga del Certificado Único de Discapacidad (CUD), importante para que las escuelas tengan conocimiento del estudiante con discapacidad que debe ingresar y que además no debe ir a sorteo, circunstancia que incumpliría con la ley. Este olvido trae como consecuencia el peregrinar de familias por las escuelas o reparticiones buscando reservar el banco para su hijo, banco que debería estar asegurado. Claramente, al Ministerio de Educación se les pasaron por alto relegando una vez más sus derechos.

Sumando olvidos… en salud, el panorama se agrava con la Obra Social de Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) entidad autárquica que brinda cobertura a los agentes en actividad y pasividad de los 3 poderes del Estado Provincial, Municipal y Comunal, comprendiendo un enorme volumen de afiliados “obligatorios” y a los que se les hace el descuento en el mismo momento que cobran sus haberes. Esta organización, en referencia a la cobertura de las personas con discapacidad, tiene su propio nomenclador que no se rige por los valores arancelarios del Sistema Único de Reintegro (SUR) como lo hacen otras Obras Sociales.

Así, por ejemplo, las prestaciones básicas de apoyo como Fisioterapia, Kinesiología, Terapia Ocupacional, Psicología, Fonoaudiología, Psicopedagogía y otras, tienen un valor SUR estipulado para el mes de septiembre de $ 2.325 por sesión, mientras que Apross apenas abona $ 1.174, es decir 100% menos a lo establecido por Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y con el perjuicio además de demoras permanentes en sus pagos (a la fecha se abonaron en septiembre las prestaciones realizadas en el mes de julio).

Ante los insistentes reclamos de las familias y con el temor de que se suspenda el tratamiento a sus hijos por falta de pago, aranceles bajos y depreciados por la inflación, la mutual de los cordobeses lejos de solucionar los inconvenientes se limita a señalar la obligatoriedad que tiene el prestador de continuar brindando la prestación y manifiesta la no competencia del beneficiario para realizar ningún tipo de reclamo administrativo a menos que se le haya suspendido el tratamiento, creando así un circuito nefasto donde las familias quedan atrapadas. Cautivos de su obra social que asume un comportamiento monopólico agresivo, Apross pone a las personas con discapacidad, en una situación precaria y sin respuesta eficiente ni efectiva.

Respetar los derechos de los más vulnerables no es solo una cuestión de justicia, sino una inversión en nuestro futuro común. Así lo entiende la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estableciendo el 3 de diciembre de cada año como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que representa una oportunidad para reflexionar y promover las acciones necesarias para garantizar los derechos y el bienestar de ellas. En consonancia, la premisa en la agenda de gobierno debiera ser “no dejar a nadie atrás” para hacer de Córdoba un lugar más accesible y equitativo.

 Arq. Daniela A. Noguera - Especialista en Accesibilidad

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